La obligatoriedad para que las instituciones de educación superior cuenten con protocolos para abordar el bullying y expresiones de acoso por razones distintas a las de género. Ese es el objetivo de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, y surge a raíz de testimonios y denuncias de estudiantes.
En contraste a los protocolos y campañas para evitar el bullying en la etapa escolar, el acoso en la educación superior es un tema poco comentado en Chile. Estas situaciones no solo ocurren entre pares, sino también en relaciones asimétricas como profesor-alumno y viceversa.
La normativa que existe para sancionar el acoso, la Ley N°21.369, está enfocada en agresiones por motivo de género, dejando otras causas sin sanción legal, más allá de los posibles reglamentos que tenga cada institución.
La idea de legislar busca obligar a las entidades de educación superior a contar con protocolos para enfrentar estas situaciones, las que muchas veces terminan perjudicando la salud mental de las víctimas.
Radio BioBioChile publicó cifras respecto a denuncias de acoso en instituciones, sin contar aquellas por razones de género hechas jóvenes a la Superintendencia de Educación Superior (SES) que indican que desde enero de 2020 a la fecha, han recibido un total de 36 casos cuya materia es “Violencia y bullying”. Quienes denuncian acusan malos procedimientos para enfrentar el tema en las instituciones, falta de protocolos, transgresión de los reglamentos internos o discriminación por parte de sus instituciones de educación superior frente a situaciones de hostigamiento, maltratos, acoso (no sexual) o ciberbullying, entre otras razones. 15 corresponden a denuncias y 21 a reclamos, de ellos 22 se presentaron contra universidades, 8 en contra institutos profesionales y 6 en contra centros de formación técnica.
La Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, indicó a radioBioBioChile que una de sus prioridades “es asegurar el derecho a la educación, lo que también se relaciona con espacios de formación libres de acoso y violencia, en cualquiera de sus expresiones”.
“Esto lo hemos enfatizado desde un principio. La existencia de normas, políticas y protocolos son fundamentales, así como la creación de institucionalidad que permita canalizar y hacerse cargo de estos hechos. Pero esto es parte de un recorrido. Debemos avanzar en estrategias que se hagan cargo de las dimensiones estructurales que afectan la convivencia y que limitan el ejercicio de derechos a quienes son víctimas de actos de acoso o discriminación, con foco en todos los estamentos y con miras a crear comunidad”, acotó.