La Comisión de Mujeres y Equidad de Género, aprobó en general, el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico (boletines 11.750, 11.797 y 11.845), surgido en mociones refundidas de senadores/as, y que se encuentra en segundo trámite.
El objetivo de la propuesta busca asegurar que los establecimientos educacionales de enseñanza universitaria, técnico profesional y, en general, todos los escenarios educativos, constituyan espacios libres de violencia y abuso sexual, teniendo como eje principal la dignidad humana y el principio de no discriminación, promoviendo su prevención mediante mecanismos reguladores y sancionatorios.
Además, señala que comete acoso sexual en la educación superior quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de materia sexual. Para evitar este tipo de conductas se establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para abordarlo.
La Universidad Miguel de Cervantes promueve el respeto y la defensa de la dignidad de las personas en toda circunstancia, a la luz de su misión, visión y valores institucionales, que se ve plasmado en el Código de Ética y Buena Convivencia de la UMC, cuyo artículo 2° N.º 1 establece el “respeto irrestricto a todos los integrantes de la comunidad, comenzando por el buen trato y la cordialidad”. En este contexto, la Universidad ha aprobado una política de prevención y apoyo a víctimas de acoso sexual en contextos universitarios, que tiene por objetivos expresar una línea de preocupación y compromiso con la problemática del acoso y violencia sexual; generar procedimientos especiales para eventuales casos de este tipo, que garanticen los derechos y la dignidad de las personas y prestar asistencia psicológica y orientaciones en el ámbito jurídico a estudiantes, administrativos y académicos que sean víctimas de hechos de acoso y violencia sexual.
Lo anterior es coherente con lo planteado por la académica de la universidad de Atacama Cory Duarte, que asistió a la sesión, quien valoró que se legisle al respecto y que se incluya a todas las instituciones de educación superior en establecer mecanismos para cumplir con los estándares éticos comprometidos con la dignidad y los derechos humanos, y no se deje impune el acoso sexual.
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